En primer lugar, hay que tener presente que en política nunca todo está documentado. En parte porque, como cualquier político sabe, existen cosas que sencillamente no se pueden (o no se deben) documentar. Nadie en su sano juicio firma un recibo por un soborno; rara vez se pone por escrito una orden para ejecutar una salvajada; a veces las ordenes puestas por escrito no parecen tan tremendas y las convierten en salvajadas quienes las ejecutan; las conspiraciones (que las hay, sin que eso necesariamente signifique caer en “teorías conspirativas” genéricas) por regla general, o bien no se documentan, o bien hasta se documentan mal a propósito; hay insinuaciones, sugerencias, indicaciones, guiños entre cómplices, que están más allá de cualquier documento y después de más de medio siglo se vuelven indemostrables si uno se empecina en atenerse exclusivamente a esos “hard facts”.
Además – y con esto no pretendo hacerle creer a nadie que he descubierto una novedad – los políticos mienten. No es en absoluto raro hallar que aquello que escribieron o dijeron se encuentra en las antípodas de lo que, al final, terminaron haciendo. Y muchas veces, aún cuando no mienta descaradamente, el político se ve obligado por las circunstancias e incluso por sus propios enemigos a actuar en contra de sus más íntimas y firmes convicciones. Y, para colmo, las convicciones tampoco son algo forzosamente invariable a lo largo de la vida de una persona.
